La Asociación Española de Campos de Golf se pone a disposición de la totalidad de clubs de golf del país y traslada al Gobierno sus demandas respecto al Real Decreto que declara el estado de alarma

24/03/20 10:22 PM | por mariajose | En el día de hoy, la Junta Directiva de la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) se ha reunido por multiconferencia con carácter de urgencia para hacer una valoración pormenorizada de los diferentes acontecimientos que se han venido produciendo en los últimos días en relación con la crisis del coronavirus COVID-19. “Ante esta situación solo cabe la lealtad y la generosidad, por lo que nuestra organización y nuestra estructura legal están a disposición de todas y cada una de las instalaciones de nuestro país”, afirma Claudia Hernández, presidenta de la AECG, abriendo de esta forma la organización a cualquier cuestión que puedan demandarle cualquier campo sea o no miembro de la misma. Para la Junta Directiva de la AECG es el momento de demostrar a las Administraciones Públicas la cohesión del sector, demandándoles con una sola voz las medidas necesarias para poder seguir desarrollando la actividad en un futuro. En este sentido se han ido adoptando medidas acordes con la actual coyuntura, adhiriéndose a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y a la Asociación Europea de Campos de Golf con la única intención de reforzar su función de lobby empresarial ante las diferentes administraciones tanto en el ámbito nacional como europeo. La primera de las demandas trasladadas al Gobierno de España ha sido la confusión generada en el sector en referencia a la suspensión de apertura al público de las instalaciones en relación con el artículo 10.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma, ya que en el mismo no se mencionaba de forma específica a los campos de golf. La AECG ha procedido a comunicarles su interpretación, que el sector está enclavado en el epígrafe ‘Deportivo-recreativas: locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades’ y de no recibir contestación alguna da por buena dicha interpretación.   Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que el golf aglutina una importante parte de las licencias deportivas (cuarto en número a nivel nacional), constituyendo a su vez un importante factor en el turismo nacional, ha trasladado su extrañeza de que no haya sido mencionado de forma expresa en el decreto cuando otros deportes minoritarios sí lo han sido. En segundo lugar, se les ha demandado en nombre y en representación del colectivo de empresas que componen los campos de golf españoles, la adecuación del IVA al tipo reducido toda vez que el sector es un factor clave en la elección de España como destino turístico. Las numerosas cancelaciones por parte de la touroperación dejarán a las instalaciones cuya principal fuente de ingresos provienen de la visita de turistas en una situación de precariedad sustancial para lo que esta medida cobra capital relevancia. Para la AECG es un tema que preocupa enormemente ya que supone un arancel a la actividad importadora de capitales del extranjero que desarrolla, restando competitividad frente a otros mercados. Todo ello viene derivado por la consideración de los campos de golf como ‘instalaciones deportivas’ en la reforma del IVA realizada con motivo de la anterior crisis en 2012 sin recoger la naturaleza principal de infraestructura turística que tienen los mismos. En tercer lugar, ha puesto en conocimiento del Gobierno de España que el IBI de muchos campos de golf está referido a un valor catastral que no refleja su verdadero valor sino uno mucho mayor. Si la valoración catastral debe tener como referencia el 50 % del valor de mercado, en demasiados casos dicha valoración la supera por lo que los recibos de IBI son desproporcionados; una bonificación temporal sería muy valorada por el sector. La AECG está valorando demandar nuevas medidas tales como la asimilación al sector agrícola en determinados suministros y aplazamientos en el pago de estos, moratoria en la liquidación de impuestos, suspensión temporal del marco de la negociación colectiva, etc., para lo que anima al colectivo de instalaciones de nuestro país a remitir cuestiones concretas cuya presentación pudieran valorarse.  

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